Hola a tod@s,
La persistencia de la crisis, que dura ya cinco años, está provocando situaciones de desigualdad, de exclusión social e incluso pobreza. Son muchas las familias que han perdido una parte o la totalidad de sus ingresos y se encuentran en grave dificultad para poder afrontar sus deudas hipotecarias, lo cual les pone en riesgo de perder su vivienda.
En paralelo, vivimos la paradoja de ver cómo en Andalucía hay miles de familias que no pueden acceder a una vivienda y que al mismo tiempo hay miles de viviendas vacías. Una situación que hiere cualquier sensibilidad y que ha movido al Gobierno andaluz a tomar decisiones.
Andalucía ha adaptado su Ley Reguladora del Derecho a la Vivienda, aprobada en 2010, para atender a las necesidades de las personas en riesgo de desahucio y a los requerimientos de vivienda de miles de familias andaluzas.
El Decreto Ley de Función Social de la Vivienda pretende paralizar los desalojos en casos de riesgo de exclusión social, expropiando el uso de las viviendas en atención a su función social, y facilitando que las viviendas vacías salgan al mercado de alquiler, con incentivos a particulares y con sanciones a bancos e inmobiliarias que dejen sus pisos sin ocupar más allá de un determinado plazo.
Desde el convencimiento de que esta medida es plenamente legal y constitucional, invito al Gobierno de España a aplicarla en el conjunto de las comunidades autónomas, para que no sean solamente los andaluces, sino todos los españoles, los que cuenten con esa protección adicional sobre su derecho a la vivienda.
Un cordial saludo